CRÍTICA A LA ECONOMÍA PURA (PRIMERA ENTREGA)

En su libro "Es la ekonomía, estúpido", publicado antes de las elecciones de 2011, Maximiliano Montenegro - luego de analizar las medidas económicas del gobierno de Néstor y del primer gobierno de Cristina- enumera las que, a su entender, son las grandes falacias de la economía argentina.

Lo que habría que revisar es cuantas de estas falacias efectivamente lo son, en el sentido de que hayan sido pronunciadas por los funcionarios del gobierno como verdades irrefutables. Por ejemplo, la falacia uno dice: "la pobreza disminuyó ininterrumpidamente en la era K". Está bien ver si esto es así o no, pero también hay que chequear de dónde salen los enunciados que se pretenden atacar en su veracidad.

No sea cosa de hacer lo que hace Lanata, cuando -increíblemente- él mismo se da pie para atacar a un funcionario. Así pasa cuando lo nombra a Kicillof. Dice, "este chico Kicillof...bueno, ya no es ningún chico, ya es un boludo importante." Es increíble porque -desde el gobierno- jamás escuché a nadie referirse a Kicillof en los términos de "chico", independientemente de que parece mucho más joven de lo que es. Lo de "chico" surge de Lanata, por eso digo que él mismo se da pie para luego atacar...

FALACIA 1: "LA POBREZA DISMINUYÓ ININTERRUMPIDAMENTE EN LA ERA K"

El relato oficial sugiere que la gestión K fue un proceso ininterrumpido de mejora social. Revirtió los abrumadores niveles de exclusión de la noche menemista. Y hoy se acerca a los parámetros mínimos de pobreza y desigualdad de principios de los años setenta, previos a la etapa del ajuste neoliberal inaugurada por el Rodrigazo y la dictadura.

Es el cuento que narran las cifras del INDEC. Lo cierto es que en la primer etapa (2003-2006), los indicadores sociales mejoran notablemente frente a los picos de la crisis gracias a la potente reactivación, con gran creación de empleo y baja inflación. El gobierno, además, impulsó la recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores -pulverizado por la devaluación- con decretos de aumento salarial, que motorizaron el mercado interno, hasta que arrancaron por sí solas las negociaciones paritarias.

En este lapso, la pobreza bajó de un 54 % hasta el 26,9 %

La segunda época es menos virtuosa. Reaparece la inflación y en especial se dispara el costo de la canasta de alimentos. Salvo en los índices de Moreno, la franja de trabajadores informales no logran acompañar el alza de precios, y sólo los asalariados en blanco negocian aumentos que empardan la inflación. La generación de empleo es más moderada. La fuga de capitales, el conflicto con el campo, y la crisis internacional golpean la actividad económica hasta desembocar en la recesión de 2009.

En una tercera etapa, abierta tras las elecciones de 2009, el Gobierno volvió a armar la red de planes de transferencia directa de dinero a los pobres con el objetivo de revertir el deterioro causado por la inflación y el estancamiento del empleo. Con el plan Ingreso Social con Trabajo y la Asignación por Hijo, los programas sociales recuperaron terreno y llegaron al 4,2 % del gasto público.

Sin embargo, pese a la ampliación del Estado de bienestar y a la fuerte reactivación, es difícil afirmar que el escenario social de 2010 sea mejor que el de fines de 2006. Con el repunte del consumo, los precios volvieron a acelerarse y en el caso de los alimentos superaron el 35 %. En paralelo, no se evidenció una baja relevante del empleo en negro y la ocupación creció a ritmo muy lento.

El INDEC oculta -como mínimo- casi la mitad de los pobres en la Argentina: unos 4, 5 millones de personas. El organismo contabiliza 4,8 millones, mientras que en la estimación académica más cauta son 9,3 millones.

El regreso de la inflación en los últimos cuatro años le trazó un límite a las mejoras sociales, en una economía que ya no origina puestos de trabajo como en los primeros años del modelo.

La persistencia de niveles de trabajo en negro cercanos al 40 % es otra de las causas que explica que convivan baja desocupación con pobreza elevada. En medio de un proceso inflacionario, ese núcleo duro de pobreza tiene menos chances de mejorar su situación, porque corre siempre detrás en la negociación salarial. De ahí que la brecha entre remuneraciones en negro y en blanco se amplíe aún más en los últimos años.

FALACIA 2: "EL GOBIERNO COBRA MÁS IMPUESTOS A LOS QUE MÁS GANAN"

Para consolidar un sistema tributario progresivo es necesario recaudar más impuesto a las Ganancias, el gravamen clásico para distinguir a aquellos que les va mejor que a otros.

Si la Argentina lograra recaudar 2 puntos del PBI adicionales en impuesto a las Ganancias a las personas físicas, el Estado embolsaría $ 28.000 millones extra, suficientes para triplicar la Asignación por Hijo.

¿Utopía? Sólo significaría acercarse a lo que recaudan Brasil o Chile de impuesto a las ganancias: 7,7 del PBI y 8,4 respectivamente. En nuestro país, en cambio, se recaudan 5,4 puntos del PBI: 3,8 sobre empresas y apenas 1,6 sobre las personas.

Utopía sería acercarse a los sistemas impositivos de los paises desarrollados. En Estados Unidos ingresan al fisco 13, 5 puntos del PBI en Ganancias (10,2 sobre personas físicas) y en Europa 13,4 del PBI (10 puntos sobre individuos).

Como contraste del bajo nivel de cobro de ganancias personales, en Argentina es elevado el peso de los impuestos que gravan el consumo de bienes y servicios, fundamentalmente el IVA.

La administración K nunca impulsó una reforma impositiva que dotara de progresividad al sistema. Dicha revisión debería empezar por eliminar exenciones al impuesto a las ganancias, como la renta financiera y las ganancias de capital, que hoy casi no se consiguen en el resto de Latinoamérica.

En el Congreso duermen en los últimos años varios proyectos para imponer las rentas financieras y las ganancias de capital por la compra-venta de títulos y acciones. No sería algo revolucionario, ni mucho menos. Es la norma en Estados Unidos y Europa. Y a esta altura también es regla en la mayoría de los países de la región.

FALACIA 3: "EL GASTO PÚBLICO PRIVILEGIA A LOS MÁS POBRES"

La asignación universal por hijo es el programa de redistribución de ingresos emblemático de la era k. Esa formidable y demorada medida luce exigua frente al subsidio estatal al consumo de los sectores acomodados.

En 2010, la AUH implicó un gasto de $ 6.340 millones. En el mismo año, el Estado erogó más de $ 40.000 millones en subsidios a la energía, transporte y al sector agroindustrial. Sólo se consideran aquí las transferencias corrientes a empresas con el objetivo de abaratar tarifas de luz, gas, combustibles y transporte, y, en teoría, también el precio de los alimentos.

Una estimación conservadora indica que alrededor de $ 16.000 millones se dirigieron a congelar tarifas de familias de clase media-alta y alta o mejoraron la rentabilidad empresarial; es decir, engordaron los bolsillos de quienes no lo necesitaban.

Kirchner siempre se guió en este asunto con un criterio político: temía la reacción que un deshielo tarifario podía ocasionar en la opinión pública de clase media del área metropolitana. "Descongelamos tarifas si lográs que no aparezca en tapa de Clarín", respondía con ironía a funcionarios que le sugerían un esquema de salida. Tal razonamiento suena absurdo a la luz de la guerra posterior con el Grupo."

FALACIA 4: "SE INTERVINO EL INDEC PARA PAGAR MENOS A LOS ACREEDORES"

Al subestimar los índices de precios, el INDEC sobrestima el crecimiento del PBI. Desde el canje de 2005, el Estado liquida todos los años un premio a bonistas, el llamado "cupón PBI", atado al crecimiento del año anterior por encima de cierto nivel. Así que al inflar el crecimiento el INDEC también agranda el monto que cobran los acreedores por este concepto.

El INDEC no falsea los índices para que el Estado tenga que pagar menos deuda, sino que -en pleno proceso inflacionario- lo hace para contabilizar la menor cantidad de pobres y, de esta manera, no perder rédito político.

FALACIA 5: "LOS JUBILADOS NUNCA ESTUVIERON MEJOR"

La política previsional de la era K tuvo tres capítulos sobresalientes. En primer lugar, priorizó una redistribución al interior del sistema jubilatorio. Durante los primeros cuatro años de la gestión de Kirchner se optó por recomponer las jubilaciones mínimas -por arriba de la inflación- financiando esos aumentos con el congelamiento de los haberes más altos, en particular superiores a 1.000 pesos.

Se "acható la pirámide" de prestaciones, emparejando los haberes: hoy el 73 % de los jubilados reciben la mínima frente al 16 % en 2001.

Esta situación disparó una catarata de juicios contra la ANSES por las dispares liquidaciones efectuadas entre 2002 y 2006. En ese lapso, a quienes cobraban por encima de la mínima hasta $ 1.000 se les aumentó sólo 22 % y para los que percibían más de $ 1.000 la mejora fue de apenas el 10 %. En noviembre de 2007, en el famoso caso Badaro, la Corte Suprema dictaminó en favor de un jubilado con un haber superior a $ 1.000 y ordenó a la ANSES un reajuste del 88,6 %, al tomar como referencia la evolución salarial durante el período. El desfasaje que se había acumulado era enorme y la Corte ordenó compensarlo.

Hasta ahora la estrategia oficial fue el reconocimiento individual ante cada fallo. Se abonan unas 20.000 sentencias por año, con un costo anual de $ 3.000 millones.

El segundo capítulo de la política de la ANSES fue la "universalización". Mediante la llamada moratoria previsional se facilitó el acceso a una jubilación a los trabajadores en edad de retiro que no sumaban los años de aportes requeridos por la ley. Aunque fue urticante para quienes dentro del sistema contributivo perdieron poder adquisitivo durante estos años, fue una decisión política necesaria en un país en el que, desde hace dos décadas, 1 de cada 3 asalariados se desempeña en negro, sin obra social ni aportes previsionales.

En 2005, sólo el 55 % de las personas en edad de retiro cobraban jubilación, proporción que se elevó al 88 % a fines del 2010.

El tercer capítulo fue la ley de movilidad, aprobada en octubre de 2008, que estableció que los haberes se actualizarían, automáticamente, dos veces al año. Fue un paso trascendente en respuesta a los fallos de la Corte. Los aumentos ya no dependen del anuncio del Gobierno de turno y se reconoce que la jubilación debe guardar relación con los salarios. Implica, además, que en adelante ningún gobierno podrá hacer lo mismo que hizo la propia administración K hasta 2006: congelar una franja de los haberes para mejorar otros.

Cualquier proyecto para mejorar los ingresos del sector pasivo sólo sería viable con una reformulación de la recaudación y gastos en el presupuesto. Entre las alternativas se cuenta una reforma impositiva (como ser eliminando exenciones al impuesto a las ganancias); reestructurar el gasto público (por caso, recortando subsidios en energía a sectores medios-altos), o restituir parcialmente aportes patronales.

Sin embargo, el mayor problema del sistema previsional es otro. El sistema previsional argentino cuenta con 8,5 millones de aportantes y paga 5,6 millones de beneficios. Una relación de 1,5 activos por cada jubilado. Antes de la moratoria la relación era 2,15 por cada pasivo. En los setenta, la ecuación era 4 a 1.

Mientras tanto, 7 millones de trabajadores (asalariados y cuentapropistas) no realizan aporte alguno. De persistir los actuales niveles de empleo en negro la relación empeorará. Y con el tiempo deberá abrirse inexorablemente otra moratoria para incorporar a la jubilación mínima a una nueva y nutrida camada de trabajadores en edad de retiro sin aportes suficientes.