La llamada "democratización de la justicia" levantó -y con razón- mucho revuelo en estos días. Como toda reforma que quiere llevar adelante este gobierno, encontró muy rápidamente un coro de voces indignadas ante lo que -suponen- un nuevo "avance sobre las instituciones" en el afán oficial de "ir por todo".
Lo que verdaderamente importa -hoy como ayer- es desmenuzar todos y cada uno de los temas y ver cuando y por qué hay razones para estar a favor o en contra de un proyecto.
En el caso de la reforma judicial, hay algunos puntos que resultan incuestionables. La transparencia en las declaraciones juradas de los jueces (sumado a la iniciativa de que empiecen a pagar el impuesto a las ganancias) y que el ingreso a la justicia sea a través de un examen de idoneidad y un posterior sorteo público parecen decisiones acertadísimas.
Con respecto a que el mismo criterio se aplique al cargo de secretario y prosecretario, el tema es más arduo. En ese caso se debería aplicar un criterio mixto: ni la sola voluntad del juez de poner a quién se le ocurra ni tampoco la imposición al mismo de un profesional elegido "al azar". Y es que no alcanza con que se trate de un "profesional idóneo" para el cargo según sus antecedentes académicos y laborales, porque si sólo se atiende a estas cuestiones se está dejando de lado que se trata de un cargo de "envergadura política" en el poder judicial. Los secretarios son al juez lo que los ministros son a un presidente: colaboradores directos que integran -junto a su jefe- un equipo de trabajo.
¿Qué pasaría si a Cristina -o a cualquier otro presidente- le dijeran que sus ministros también deben ser elegidos por "examen de idoneidad y posterior sorteo." Por qué no se discute "democratizar también esos cargos? Justamente porque la "idoneidad" no es sólo cuestión de tener buen "currículum civil" y nulo "currículum penal", sino que también hace falta -fundamentalmente- una compatibilidad a nivel más personal (más ideológico si se quiere) con aquél que va a dirigir las tareas a realizar.
Con respecto a este punto de la reforma, tal vez lo mejor sería apelar a una solución intermedia; es decir que los cargos a cubrir sean de público conocimiento, que los interesados se presenten a dar examen y que se arme una terna con los mejores puntajes para que el juez del juzgado decida a quién quiere para el puesto a cubrir en su dependencia.
La limitación del tiempo de duración de las cautelares contra el Estado me parece más que necesaria. No se trata de coartar el derecho de nadie, sino el de respetar el de todos a vivir en un Estado de Derecho. Al ser un tema delicado, me parece prudente que el oficialismo escuche la opinión del CELS al respecto antes de lanzarse a fondo en la reforma.
Con respecto a la reforma del Consejo de la Magistratura, se trata -seguramente- del punto más álgido de la reforma.
Cristina pretende que los consejeros (los integrantes del organismo que arman la terna de jueces a elegir por el ejecutivo) sean elegidos por voto popular. No conozco a fondo el alcance de la medida, pero si es lisa y llanamente una invitación a la ciudadanía a elegir a un consejero del mismo modo que elige a un diputado o a un intendente, creo que hay que marcar las diferencias. El diputado o el intendente no necesita ostentar título alguno (es decir "pericia técnica en alguna rama del conocimiento") para ejercer su cargo; basta con pertenecer a un partido político que profesa una determinada ideología y tener una imagen positiva (o no muy negativa al menos) para buena parte del electorado. El ciudadano común no necesita mucho más que eso para elegir a uno u otro. Pero en el caso de la elección de los cargos de aquellos que -a su vez- tienen que decidir qué jueces son los que van a administrar justicia, la cosa se complica. Ahí si interviene una cierto tipo de "pericia" (la legal, desde ya), y aunque es verdad que uno levanta un piedra (o entra a un blog) y se encuentra con un abogado, lo cierto es que todavía queda gente que no pasó por la facultad a buscar su título. Por esta razón es que -el poder judicial- sigue siendo un poder que se cierra sobre sí mismo para luego intentar abrirse a la sociedad. Ese intento es visto por el kirchnerismo como deficiente, y con razón. El punto es si abrir el gueto de la corporación judicial para pasarlo a la corporación partidaria es la mejor solución. No lo sé. Lo que sí está claro es no se trata de descabezar un organismo que funciona "libremente" (¿hace falta aclarar a esta altura de partido que en ningún campo social las cosas funcionan "libremente", es decir sin presiones y pujas de intereses de por medio?)
En todo caso se trata de trasladar un puja entre pocos (la corporación judicial) a una puja entre muchos (es decir, a las listas partidarias).
Pero el kirchnerismo siempre -o casi siempre- deja algún flanco abierto, muestra en algún punto la hilacha cada vez que quiere hacer algún tipo de reforma de cierta importancia.
En este caso, la reforma del consejo de la magistratura ( de su composición y de la forma de selección de los consejeros) viene acompañado con plus que abre la puerta a la impugnación de todo: la disminución de 2/3 a una mayoría simple (la mitad más uno) de los votos necesarios para la destitución de un magistrado. Ahí es donde el kirchnerismo invita a pensar que no se trata de darle la posibilidad a los ciudadanos de elegir -vía consejeros- a los jueces que van administrar justicia para el conjunto de la población, sino de que esos consejeros -pertenecientes en su mayoría al oficialismo de turno- puedan promover la destitución de un juez con mucha facilidad.
El riesgo de una "concentración" de poder es evidente. Y los ultrakirchneristas deberían saber que los gobiernos pasan y las leyes quedan. Lo que ahora puede resultar fenómeno (porque se cree verdaderamente en un proyecto y -en consecuencia- toda "concentración" es positiva), mañana puede resultar un terrible dolor de cabeza. Las leyes -en pcio- no son coyunturales (esos son los decretos de necesidad y urgencia), por lo que no se debe pensar que sí lo son para apurarse a sancionarlas.
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