viernes, 21 de junio de 2013

TIEMPOS LEGALES...


 
 
NECESIDAD Y URGENCIA

Cuando el poder ejecutivo nacional firmó el decreto de necesidad y urgencia, muchas voces se alzaron para expresar su repudio. No sólo la de aquellos a los que en forma directa la medida buscaba castigar, sino la de un amplio conjunto de la sociedad, que veía asomar un panorama sombrío. Los constitucionalistas, invitados a los programas de televisión a expedirse sobre el tema, advertían sobre el daño irreparable que se iba a generar, no sólo en las vidas de los castigados por el decreto, sino también en el tejido social. Asociaciones de defensa del consumidor denunciaron la existencia de pactos espurios entre las empresas y el gobierno. Sin especificar los pormenores de esos supuestos pactos, dieron por sentado la existencia de los mismos ante la evidente violación en los derechos de los usuarios que serían sancionados por la norma que entraba en vigencia. Incluso la Asociación Psicoanalítica Argentina (A.P.A) emitió un duro comunicado rechazando la norma por afectar directamente una parte sustancial de la materia con la que trabajan los profesionales de la salud mental. El decreto, decididamente, usurpaba el campo vital en el que se mueven los analistas.

Los damnificados solicitaron judicialmente la declaración de inconstitucionalidad del decreto. La fundamentación principal del pedido radicaba en una clara violación del principio de razonabilidad: ante una falta menor, se imponía una sanción muy grave.

El debate acerca de la legalidad o no de la medida –y de los costos sociales de su implementación- llegó a la tapa de todos los diarios del país. En la televisión, jugadores de fútbol retirados, prostitutas finas, modistos y  analistas políticos entrados en años, se escandalizaban de la misma forma cuando les pedían su opinión sobre el tema.

En las redes sociales los habituales insultos al gobierno se hicieron, esta vez, unánimes. Los mismos votantes del proyecto político en curso mostraban el horror ante el decreto y expresaban su solidaridad con los usuarios que habían sido declarados culpables y –consecuencia- condenados a cumplir una condena a todas luces desproporcionada teniendo en cuenta la levedad de la falta cometida.

Como siempre, fue la justicia la que tuvo la última palabra acerca de la legalidad o no de la norma en disputa. La Corte Suprema, tal vez en el fallo más polémico que se recuerde en la historia judicial de este país, resolvió por mayoría de sus miembros que el decreto de necesidad y urgencia firmado por el poder ejecutivo en plena ejercicio de las facultades conferidas por la legislación en curso, se ajustaba perfectamente a derecho, sin violar la Constitución Nacional  en ninguno de sus artículos.

La controversia legal estaba saldada. El decreto debía entrar en plena vigencia. Se les notificó entonces a los condenados que tenían cinco días hábiles para realizar cuanto trámite les quedara por hacer en el presente. En la notificación se aclaraba (con letra negrita, para evitar reclamos) que dentro de los “trámites” no sólo se consideraban los de índole burocrático, laboral o comercial;  también los de carácter afectivo: despedida de familiares, novias y amigos. Las madres insistían en darles a los hijos mucha ropa de abrigo. Pensaban, tal vez con razón, que el pasado es un lugar muy frío para vivir.

El plazo se cumplió. Los condenados por deber más de dos meses de abono a su empresa proveedora de telefonía móvil fueron remitidos a mil novecientos ochenta y dos. A vivir la transición democrática, el mundo que –desde el presente del cual los expulsaban- los más jóvenes pensaban que se vería en blanco y negro. Esos mismos jóvenes, en su mayoría usuarios quejosos del servicio que les brindaban las empresas, iban a tener que aprender lo que era vivir en el mundo de las comunicaciones primitivas, casi salvajes, de comienzo de la década del ochenta.

Y los casos fueron muchos. A sus veinte años, los remitieron a tener esa edad en un mundo que los precedió varios años.  No hicieron pie en esa realidad. No conocían a sus padres y no sabían cómo interactuar directamente, cara a cara y a través de la oratoria, con otra persona. Muchos se suicidaron; otros terminaron internados en el hospital psiquiátrico más conocido de la ciudad. El día de mañana  tal vez algún gobierno los considere –junto con los veteranos de Malvinas- los verdaderos sobrevivientes del horror que un gobierno puede generar entre la gente cuando pacta con los sectores ricos y poderosos a espaldas del pueblo que lo votó.

Fui uno de los remitidos al origen de la democracia. En mi caso, no sólo no me suicidé, sino que la experiencia me ayudó mucho. Me pude ver nacer, pude ver la escena familiar en la clínica el día de mi nacimiento.  Y pude estar presente en mis primeras fiestas de cumpleaños. Y entendí. Entendí mucho.

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