NECESIDAD
Y URGENCIA
Cuando el poder
ejecutivo nacional firmó el decreto de necesidad y urgencia, muchas voces se
alzaron para expresar su repudio. No sólo la de aquellos a los que en forma
directa la medida buscaba castigar, sino la de un amplio conjunto de la
sociedad, que veía asomar un panorama sombrío. Los constitucionalistas,
invitados a los programas de televisión a expedirse sobre el tema, advertían
sobre el daño irreparable que se iba a generar, no sólo en las vidas de los
castigados por el decreto, sino también en el tejido social. Asociaciones de
defensa del consumidor denunciaron la existencia de pactos espurios entre las
empresas y el gobierno. Sin especificar los pormenores de esos supuestos
pactos, dieron por sentado la existencia de los mismos ante la evidente
violación en los derechos de los usuarios que serían sancionados por la norma
que entraba en vigencia. Incluso la Asociación Psicoanalítica Argentina (A.P.A)
emitió un duro comunicado rechazando la norma por afectar directamente una
parte sustancial de la materia con la que trabajan los profesionales de la
salud mental. El decreto, decididamente, usurpaba el campo vital en el que se
mueven los analistas.
Los damnificados
solicitaron judicialmente la declaración de inconstitucionalidad del decreto.
La fundamentación principal del pedido radicaba en una clara violación del
principio de razonabilidad: ante una falta menor, se imponía una sanción muy
grave.
El debate acerca de la
legalidad o no de la medida –y de los costos sociales de su implementación-
llegó a la tapa de todos los diarios del país. En la televisión, jugadores de
fútbol retirados, prostitutas finas, modistos y
analistas políticos entrados en años, se escandalizaban de la misma
forma cuando les pedían su opinión sobre el tema.
En las redes sociales los
habituales insultos al gobierno se hicieron, esta vez, unánimes. Los mismos
votantes del proyecto político en curso mostraban el horror ante el decreto y
expresaban su solidaridad con los usuarios que habían sido declarados culpables
y –consecuencia- condenados a cumplir una condena a todas luces
desproporcionada teniendo en cuenta la levedad de la falta cometida.
Como siempre, fue la
justicia la que tuvo la última palabra acerca de la legalidad o no de la norma
en disputa. La Corte Suprema, tal vez en el fallo más polémico que se recuerde
en la historia judicial de este país, resolvió por mayoría de sus miembros que
el decreto de necesidad y urgencia firmado por el poder ejecutivo en plena
ejercicio de las facultades conferidas por la legislación en curso, se ajustaba
perfectamente a derecho, sin violar la Constitución Nacional en ninguno de sus artículos.
La controversia legal
estaba saldada. El decreto debía entrar en plena vigencia. Se les notificó
entonces a los condenados que tenían cinco días hábiles para realizar cuanto
trámite les quedara por hacer en el presente. En la notificación se aclaraba
(con letra negrita, para evitar reclamos) que dentro de los “trámites” no sólo
se consideraban los de índole burocrático, laboral o comercial; también los de carácter afectivo: despedida de
familiares, novias y amigos. Las madres insistían en darles a los hijos mucha
ropa de abrigo. Pensaban, tal vez con razón, que el pasado es un lugar muy frío
para vivir.
El plazo se cumplió.
Los condenados por deber más de dos meses de abono a su empresa proveedora de
telefonía móvil fueron remitidos a mil novecientos ochenta y dos. A vivir la
transición democrática, el mundo que –desde el presente del cual los expulsaban-
los más jóvenes pensaban que se vería en blanco y negro. Esos mismos jóvenes,
en su mayoría usuarios quejosos del servicio que les brindaban las empresas, iban
a tener que aprender lo que era vivir en el mundo de las comunicaciones
primitivas, casi salvajes, de comienzo de la década del ochenta.
Y los casos fueron
muchos. A sus veinte años, los remitieron a tener esa edad en un mundo que los
precedió varios años. No hicieron pie en
esa realidad. No conocían a sus padres y no sabían cómo interactuar
directamente, cara a cara y a través de la oratoria, con otra persona. Muchos
se suicidaron; otros terminaron internados en el hospital psiquiátrico más
conocido de la ciudad. El día de mañana
tal vez algún gobierno los considere –junto con los veteranos de Malvinas-
los verdaderos sobrevivientes del horror que un gobierno puede generar entre la
gente cuando pacta con los sectores ricos y poderosos a espaldas del pueblo que
lo votó.
Fui uno de los
remitidos al origen de la democracia. En mi caso, no sólo no me suicidé, sino
que la experiencia me ayudó mucho. Me pude ver nacer, pude ver la escena
familiar en la clínica el día de mi nacimiento. Y pude estar presente en mis primeras fiestas
de cumpleaños. Y entendí. Entendí mucho.
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